lunes, 28 de abril de 2008

COLOMBIA

Las perspectivas en Colombia con respecto al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos varían de acuerdo a los intereses de cada sector, pero, al igual que Perú y Ecuador, el objetivo primordial de este país es conseguir mayores beneficios que los obtenidos con el ATPDEA.
Colombia tiene una estrecha alianza con los Estados Unidos en lo que a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo se refiere. Este país recibe ayuda de la administración norteamericana, la cual presiona para que ciertos objetivos sean cumplidos, tal la firma del Tratado de Libre Comercio. En tal sentido, el gobierno colombiano no posee margen de maniobra para negociar en igualdad de condiciones con Estados Unidos y, por ende, es un negociador débil. Además de este hecho, común a los tres países andinos, Colombia ha generado una preocupación adicional en sus socios andinos, a saber, las concesiones que pueda llegar a hacer en la mesa de negociaciones en temas que no han sido consensuados por los socios regionales. El fundamento de estas preocupaciones radica en que Colombia constituye el objetivo principal del Tratado de Libre Comercio, el cual puede prescindir de un acuerdo con los otros dos países (Estados Unidos ha dejado en claro que Ecuador y Perú no van a obstaculizar la firma del Tratado con Colombia).
Otro dato a tener en cuenta es que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiará las reformas institucionales que requiera Colombia una vez que firme el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, a través de un paquete de préstamos por 700 millones de dólares, ya que los tratados comerciales exigen la homologación de los marcos regulatorios a los efectos de garantizar un comercio más fluido (por ejemplo, normas aduaneras). Estas reformas tienden a simplificar las normas y a desregular aún más los mercados, permitiendo el fácil ingreso de productos extranjeros.
Uno de los temas que ha causado gran preocupación en el sector productivo colombiano es la importación de productos usados, lo que afectaría a distintas industrias (confeccionistas, fabricantes de autopartes, llantas, ensambladoras de vehículos, refrigeradoras, lavadoras, productores de calzado, empresas de rectificación de motores, etc.). Por otra parte, la industria azucarera también muestra signos de preocupación debido a que Estados Unidos, hasta el momento, no tiene intenciones de abrir su mercado al azúcar y a otros productos derivados.
Con respecto al tema agrícola, el gobierno del Presidente Álvaro Uribe ha sostenido que se seguirá protegiendo a la agricultura colombiana mientras los Estados Unidos sigan subsidiando a sus productores, hecho que distorsiona el sistema de precios internacionales, a lo cual la administración Bush se opuso en un principio. Pero, debido a que el problema del debilitamiento del agro colombiano reside en la sustitución de los cultivos por otros más rentables (marihuana, coca, amapola), lo cual se traduce en un aumento del narcotráfico, Estados Unidos tuvo que ceder y aceptó que los productos "sensibles" que hoy tienen "banda de precios" (sistema por el cual cuando el precio de un producto, elaborado fuera de la Comunidad Andina de Naciones está por debajo del precio piso se le pone un derecho adicional y viceversa) sean protegidos con medidas compensatorias, las que todavía no han sido definidas.
Como se puede observar, el tema agrícola no está siendo negociado conjuntamente por los tres países de la región, sino que se tratan por separado de acuerdo a las necesidades de cada nación. Esta situación agranda aún más la brecha existente entre el poder negociador de Estados Unidos y el de los países andinos, lo cual significa mayor presión por parte de ese país, pero resulta muy difícil lograr un consenso entre los países andinos debido a las distintas características de la agricultura en cada uno de ellos.
Es factible que la firma de este Tratado de Libre Comercio genere problemas con respecto a los derechos económicos y sociales. Los productores locales, tanto agrícolas como industriales, van a verse desplazados del mercado interno por las importaciones procedentes de Estados Unidos. Este hecho repercutirá en un aumento del desempleo y, por ende, de la pobreza y la marginalidad social. Según un estudio de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) en el año 2000 la pobreza en Colombia alcanzaba al 59% de la población. Esto significa que más de la mitad de la población colombiana no tenía satisfechas sus necesidades básicas y su derecho al trabajo no había sido respetado. Si este Tratado se convierte en un agravante de la crítica situación social y económica del país, es probable que la violencia se siga expandiendo y que se produzca un aumento en las violaciones a los derechos humanos.
El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos también ha generado una fuerte oposición en las comunidades indígenas del país. Estos pueblos sostienen que este Tratado deja desprotegidos a los indígenas, quienes pueden perder sus tierras frente a las empresas estadounidenses. Debido a ello, los pueblos indígenas de Colombia han propuesto a los poderes públicos la realización de una consulta popular para que la sociedad colombiana decida si el Tratado con Estados Unidos debe firmarse o no. Dentro de la actual coyuntura, que presenta un acuerdo con el hegemón del sistema internacional, no parece probable que el pueblo colombiano pueda ejercer su derecho a la libre determinación.
En Colombia se ha producido, también, un reclamo por los derechos culturales, hecho que no ha ocurrido hasta el momento en Ecuador ni en Perú. Dentro del temor de los empresarios de la televisión y de la publicidad de perder espacios en el mercado interno e internacional frente a las grandes compañías productoras de Estados Unidos, se produce un reclamo válido para que no se permita que este Tratado genere una pérdida de los patrones culturales de la nación

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