INTRODUCCION

El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, Ecuador y Perú es una de las prioridades de las agendas gubernamentales de estos países. Este Tratado ha suscitado un debate acerca de los beneficios y los costos que va a generar, no sólo en los sectores productivos, sino en el conjunto de las sociedades. En este debate se deben insertar las consecuencias que la firma del Tratado traerá sobre el cumplimiento y el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales de las poblaciones involucradas y sobre el conjunto de los derechos humanos.
En primer lugar, es necesario resaltar que un Tratado de Libre Comercio de estas características no se reduce a la reglamentación del intercambio comercial entre los países involucrados, sino que implica una serie de negociaciones sobre temas tan variados como propiedad intelectual, medio ambiente, empleo y servicios financieros. De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú: "Un tratado de libre comercio es un contrato entre dos o más países, o entre un país y un bloque de países que es de carácter vinculante (es decir, de cumplimiento obligatorio) y cuyo objeto es eliminar obstáculos al intercambio comercial, consolidar el acceso a bienes y servicios y favorecer la captación de inversión privada. Con el fin de profundizar la integración de las economías, el TLC, incorpora, además de temas comerciales, temas económicos, institucionales, de propiedad intelectual, laborales y medio ambientales, entre otros." Se trata, por ende, de una estrategia de "linkage" o "vinculación de temas", por la cual se busca alcanzar los objetivos cediendo terreno en cuestiones que no afectan a los intereses primordiales del Estado negociador.
Ahora bien, la relación entre los Estados Unidos y los países de la Comunidad Andina negociadores del Tratado de Libre Comercio es de una "interdependencia asimétrica", es decir, si bien los Estados Unidos y los países de la región andina dependen del mutuo comercio, el hegemón del sistema posee un margen de maniobra más amplio para negociar; las dos partes tienen intereses creados en esta negociación, pero los países de la región andina son más dependientes del comercio, los mercados y la ayuda estadounidense. Esta situación no permite lograr un acuerdo justo y equitativo, ya que la posición negociadora de los países andinos es más débil que la de los Estados Unidos.
Sin embargo, se debe destacar que la negociación en bloque de los países andinos refuerza la posición de los mismos, por lo que la "unidad andina" y el consenso deben sostenerse, aunque esto no varíe el poder relativo de uno y otros. Esto se observa en la intención de Washington de suspender la Ley de Preferencias Arancelarias (ATPDEA) si el Tratado de Libre Comercio no llega a firmarse. Obviamente, esto perjudicaría a los productos andinos en el mercado estadounidense.
Este Tratado forma parte de un proceso de transnacionalización de la economía, lo cual ha afectado negativamente a las sociedades de la región al agravar la pobreza, la falta de empleo y la exclusión social, con el consiguiente deterioro y debilitamiento de la democracia. Sin embargo, es publicitado por los gobiernos de la región como el medio para el automático aumento de las exportaciones, lo que conlleva una mayor riqueza, aunque no exista una inversión en educación, salud e infraestructura ni políticas de competitividad.
Más allá de estas consideraciones, hay temas específicos que son de vital importancia para los gobiernos andinos durante las negociaciones, a saber, comités técnicos permanentes, líneas generales de medidas sanitarias y fitosanitarias, solución de controversias, procedimientos de consulta, procedimientos de análisis de riesgo, intercambio de información de medidas sanitarias y comité de ese sector. El problema es que no se sabe exactamente qué es lo que se está negociando, lo cual genera desconfianza con respecto a la transparencia de los procesos negociadores y debilita la posición del Estado frente a la ciudadanía.